EUA, Israel y Argentina votan contra histórica resolución sobre esclavitud africana en la ONU

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La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución histórica que declara la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada como “el crimen de lesa humanidad más grave”, con 123 votos a favor, 3 en contra y 52 abstenciones.
Los únicos países que se opusieron fueron Estados Unidos, Israel y Argentina, mientras que la mayoría de Europa optó por no definirse y se abstuvo.

El texto, impulsado por Ghana y respaldado por la Unión Africana y el Caribe, no solo condena la esclavitud y el comercio transatlántico, sino que reconoce sus efectos actuales: desigualdades estructurales, racismo sistémico, despojo cultural y concentración de riqueza en los antiguos imperios esclavistas.
La resolución también plantea las reparaciones —incluidas medidas económicas, legales, simbólicas y la devolución sin costo de bienes culturales saqueados— como un paso tangible para subsanar esos crímenes históricos contra africanos y personas de ascendencia africana.

Aunque las resoluciones de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes, marcan la línea política y moral de la comunidad internacional y sirven como base para futuras demandas, litigios y políticas públicas sobre memoria, justicia y reparación.
El voto dividido dejó al descubierto una fractura geopolítica: de un lado, África y el Caribe empujando una agenda de justicia histórica; del otro, potencias coloniales y beneficiarias del sistema esclavista tratando de limitar el alcance de cualquier compromiso reparador.

Análisis 4T

El voto en contra de Estados Unidos es profundamente revelador: el país que se presenta como líder del “mundo libre” se niega a reconocer, en términos claros y con consecuencias políticas, que su riqueza y su poder global se construyeron sobre siglos de esclavitud africana y racismo institucionalizado.
Washington suele justificar este tipo de votaciones alegando “preocupaciones legales”, riesgo de “litigios masivos” o la necesidad de “no prejuzgar” debates internos sobre reparaciones, pero en el fondo se trata de proteger los intereses económicos y políticos de las élites que heredaron los beneficios del sistema esclavista.

Las explicaciones habituales de Estados Unidos para rechazar resoluciones sobre reparaciones se mueven en tres ejes:

  1. que el derecho internacional no debe aplicarse retroactivamente;
  2. que ya se han hecho “avances” en derechos civiles que compensarían el pasado;
  3. que cualquier referencia a reparaciones podría “polarizar” a su sociedad.
    Estas justificaciones se caen solas: la resolución no está pidiendo encarcelar a nadie dos siglos después, sino reconocer que hubo políticas de Estado que generaron desigualdad estructural y que, por tanto, el propio Estado tiene la responsabilidad histórica de impulsar medidas reparadoras, como se ha hecho con otros crímenes de lesa humanidad.

En el caso de la Unión Europea y otros antiguos imperios coloniales, la abstención es una forma más sofisticada de rechazo: evitan el costo reputacional de votar abiertamente en contra, pero se niegan a respaldar una narrativa que los ubica como beneficiarios directos de la esclavitud y abre la puerta a reclamos concretos de reparación económica, restitución de bienes culturales y revisión de sus políticas migratorias y de cooperación.
El argumento europeo suele ser que “comparten el espíritu” de la resolución, pero tienen “reservas técnicas” sobre las palabras “crimen más grave” o sobre las referencias a reparaciones; en realidad, esas reservas son un escudo jurídico y político para no asumir plenamente la responsabilidad histórica y económica derivada de sus imperios esclavistas.

Desacreditar estas posiciones es fundamental desde una óptica de justicia social y soberanía: cuando Estados Unidos, la UE o sus aliados bloquean o diluyen resoluciones sobre esclavitud, lo que hacen es defender el statu quo de una economía-mundo que sigue concentrando riqueza en el Norte global y pobreza en los países que fueron colonias y proveedores forzados de mano de obra esclava.
Presentar las reparaciones como “peligrosas” o “divisivas” es una estrategia discursiva para ocultar que, sin mecanismos de reparación, las desigualdades heredadas se perpetúan y condenan a generaciones enteras en África, el Caribe y la diáspora a seguir pagando una deuda histórica que no contrajeron, mientras los antiguos amos continúan capitalizando ese saqueo.

Desde la visión de la Cuarta Transformación, esta resolución se alinea con la lucha por un orden internacional más justo, donde la memoria histórica no se usa solo para discursos conmemorativos, sino para transformar estructuras económicas, financieras y culturales que todavía reproducen el colonialismo por otras vías —deuda externa, control de recursos, racismo institucional y criminalización de las migraciones del Sur.
El desafío para los países del Sur global es convertir este pronunciamiento de la Asamblea General en agenda concreta: tribunales, fondos de reparación, devolución de reliquias, reforma de organismos internacionales y una narrativa oficial que reconozca, sin ambigüedades, que la esclavitud africana fue un crimen fundacional del capitalismo moderno y que sus beneficiarios históricos deben asumir las consecuencias.

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