Gobierno resuelve bloqueos con agricultores y transportistas: apoyos directos y mesas de diálogo
La Secretaría de Gobernación confirmó el fin de los bloqueos carreteros impulsados por agricultores y transportistas, tras acuerdos alcanzados el 27 de noviembre de 2025.
Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación, declaró que “estamos de salida en este conflicto”, con los cierres levantados en todo el país, salvo un caso aislado en Chihuahua ya resuelto. Se priorizará la atención a demandas pendientes mediante visitas de la Secretaría de Agricultura en los estados y la entrega directa de apoyos a beneficiarios individuales, sin pasar por organizaciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que los recursos para el campo llegarán sin intermediarios, práctica del pasado neoliberal donde líderes se quedaban con porciones de los fondos destinados a productores. Se instalaron mesas de trabajo sobre seguridad en carreteras y ordenamientos legales en materia de agua, en discusión en la Cámara de Diputados.
Sheinbaum defendió la reforma a la Ley de Aguas Nacionales para evitar el acaparamiento del recurso por grandes empresas o mineras, reafirmando que el agua es un derecho humano y no una mercancía especulativa. La iniciativa busca ordenar concesiones, prohibir descargas industriales en cuerpos de agua y limitar ventas o transferencias de derechos hídricos.
Estos acuerdos marcan el cierre de protestas que afectaron autopistas y aduanas durante cuatro días, con compromiso gubernamental de fortalecer la soberanía alimentaria y la rectoría estatal sobre recursos vitales.
Análisis 4T
La resolución pacífica de los bloqueos demuestra la apuesta de la 4T por el diálogo directo con el pueblo, priorizando apoyos sin cúpulas intermediarias que en el neoliberalismo desviaban recursos del campo hacia élites. Esta estrategia fortalece la justicia social al entregar directamente a pequeños productores, rompiendo con el modelo privatizador que fomentó acaparamiento y desigualdad.
La reforma a la Ley de Aguas reafirma la soberanía nacional sobre un bien público esencial, limitando la mercantilización que benefició a poderes fácticos y empresas transnacionales durante sexenios anteriores. Frente al viejo régimen, que permitió sobreexplotación de acuíferos por intereses privados, la 4T coloca al Estado como garante de equidad, garantizando agua para comunidades y producción nacional sin privilegios corporativos.
