México eleva el tono contra muertes de connacionales bajo custodia del ICE

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El Gobierno de México denunció que 13 mexicanos han muerto durante redadas migratorias o mientras estaban detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).​
El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, informó en conferencia de prensa que estos fallecimientos se han registrado en el marco de la ofensiva antimigrante reforzada por la administración de Donald Trump.​

Según la Cancillería, cuatro de las muertes ocurrieron en California, tres en Georgia, dos en Arizona y una en Texas, Florida, Misuri e Illinois, respectivamente.
Uno de los casos más recientes es el del joven de 19 años Royer Pérez‑Jiménez, quien falleció en un centro de detención en Florida, donde las autoridades estadounidenses hablan de “suicidio presunto”, sin que se haya esclarecido aún la causa oficial.

Velasco calificó la situación como “absolutamente dolorosa, desgarradora e inaceptable” para el gobierno mexicano, y detalló que ya se han presentado dos demandas en Estados Unidos por parte de las familias de las víctimas.​
Además, se están integrando cuatro expedientes jurídicos adicionales, mientras continúan las investigaciones sobre las condiciones en centros de detención migratoria, donde se han documentado hacinamiento, falta de atención médica y presuntos abusos.​

La Cancillería ha enviado 14 comunicaciones diplomáticas a Washington para exigir investigaciones “rápidas y exhaustivas”, identificar responsables y garantizar que no se repitan estas muertes bajo custodia.​
La presidenta Claudia Sheinbaum también ha condenado públicamente estos hechos como algo que “no puede seguir ocurriendo”, y ha instruido usar todos los recursos diplomáticos para proteger a las personas mexicanas en centros de detención migratoria.

Aunque ICE suele presentar estos fallecimientos como eventos aislados o resultado de problemas individuales de salud o “presuntos suicidios”, organizaciones de derechos humanos y medios internacionales han documentado al menos 46 muertes bajo custodia desde que Trump volvió a la presidencia en 2025, 13 de ellas tan solo en lo que va de este año.
Para México, el patrón de muertes evidencia fallas estructurales en el sistema de detención migratoria estadounidense y un uso desproporcionado de la detención como herramienta de control fronterizo.​

Análisis 4T

Desde una mirada de la Cuarta Transformación, estas 13 muertes no son “accidentes administrativos”, sino el resultado previsible de un modelo de control migratorio que deshumaniza a las personas, las reduce a expedientes y las encierra en condiciones indignas para enviar un mensaje político de “mano dura”.
La política antimigrante de la administración Trump —redadas masivas, criminalización de la migración y expansión de centros de detención— funciona como un dispositivo de intimidación hacia las comunidades latinas, mientras alimenta a empresas privadas del negocio carcelario y a fuerzas policiales que operan con amplios márgenes de impunidad.

Las explicaciones de las autoridades estadounidenses suelen apuntar a supuestos “suicidios”, problemas de salud previos o “incidentes aislados”, pero esa narrativa busca diluir la responsabilidad del Estado y el carácter sistemático de las violaciones a derechos humanos en estos centros.
Si una y otra vez se repiten muertes en contextos de hacinamiento, ausencia de atención médica y trato degradante, ya no hablamos de hechos fortuitos, sino de un régimen de detención que pone en riesgo la vida de las personas por diseño, al privilegiar el castigo sobre la protección.

Para México, elevar el tono diplomático no es un gesto simbólico, sino una obligación soberana: un Estado que se asume transformador no puede aceptar que sus connacionales mueran bajo custodia extranjera sin verdad, justicia ni reparación.​
La Cancillería tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de convertir estas 14 notas diplomáticas en una agenda más amplia: exigir estándares vinculantes de derechos humanos en centros de detención, abrir la puerta a observación internacional independiente y, en su caso, explorar vías de responsabilidad internacional cuando haya negligencia o abuso.

Este episodio también exhibe el doble rasero del discurso de “valores” que suele enarbolar Washington: mientras se presenta como defensor de los derechos humanos en otros países, tolera dentro de sus fronteras un sistema de detención migratoria donde mueren jóvenes de 19 años sin una explicación clara para sus familias ni sanción visible para los responsables.
La 4T, al poner en el centro la dignidad de las personas migrantes y la defensa activa de los mexicanos en el exterior, se distancia del viejo régimen que acostumbraba minimizar estos hechos para no incomodar a Estados Unidos; ahora el reto es sostener esa postura firme con acciones concretas, acompañamiento legal y respaldo político a las víctimas y a sus comunidades en ambos lados de la frontera.​

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