Nueva Ley de Aguas frena acaparamiento y corrupción
La Conagua desmiente mitos opositores y defiende la reforma que se discute este miércoles en Diputados
El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, rechazó las campañas de desinformación sobre la nueva Ley General de Aguas, que prevé su discusión este miércoles en la Cámara de Diputados. Aseguró que no se eliminarán los títulos de concesión vigentes, otorgados en más de 30 años, ni se impondrán permisos temporales.
El sistema de concesiones se preservará intacto, permitiendo herencias y ventas, pero con mayor orden y sin prácticas corruptas. La ley incluye sanciones severas, como multas elevadas y penas de hasta cinco años de prisión para acaparadores y quienes negocien sobornos. Estas medidas apuntan a abusadores, no a pequeños agricultores.
De los 536 mil títulos vigentes, más de 50 mil presentan irregularidades: están registrados como agrícolas, pero sirven a balnearios, parques industriales, campos de golf o pipas. En esta administración, Conagua recuperó 4 mil 500 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes a 4 billones 500 mil millones de litros.
La reforma busca acabar con el mercado negro del agua, generado por concesiones gratuitas para supuestos usos agrícolas que luego se venden sin control. Comunidades enteras quedan sin acceso pese a ríos cercanos, controlados por acaparadores con poder político o económico.
La aprobación liberaría a productores y empresas del control de intermediarios, garantizando agua para consumo humano, alimentos y desarrollo nacional. Se implementará una plataforma digital con trazabilidad para todos los títulos, asegurando cero tolerancia a la corrupción.
Análisis 4T
La nueva Ley General de Aguas representa un acto de soberanía nacional al recuperar el control estatal sobre un recurso vital, rompiendo el modelo neoliberal que mercantilizó el agua desde 1992 y permitió su acaparamiento por mafias y poderes fácticos.
En la visión de la Cuarta Transformación, el agua deja de ser commodity para convertirse en bien público, priorizando el derecho humano, la producción de alimentos y la justicia social para comunidades y pequeños productores, excluidos por décadas del viejo régimen que regalaba concesiones a elites.
Este combate frontal al robo hídrico y la sobreexplotación contrasta con la pasividad anterior, donde la corrupción blindaba abusos; hoy, con 4 mil 500 millones de metros cúbicos recuperados, la 4T demuestra que el Estado regulador es la garantía de equidad y desarrollo sustentable frente a intereses privados depredadores.
