“Hubo uso excesivo de la fuerza» Liberan a los 39 detenidos tras protesta por agua limpia en Guadalajara
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció que el operativo policial durante la manifestación del 11 de octubre en Guadalajara tuvo “graves deficiencias” y se salió de control, tras la represión contra miles de personas que exigían agua limpia.
“Hubo uso excesivo de la fuerza y hubo detenciones injustas. A las personas nunca se les debió echar agua ni gas. Ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia”, declaró Lemus en un video difundido en redes sociales.
La Fiscalía de Jalisco reportó la detención de 39 personas durante la marcha, realizada frente a Casa Jalisco para demandar soluciones al suministro de agua con mal olor y coloración en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Tras revisiones caso por caso, las 39 personas recuperaron su libertad; 32 fueron liberadas antes y las siete restantes, trasladadas temporalmente al penal de Puente Grande, salieron este martes.
El gobernador anunció una investigación interna, acompañada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, para identificar y sancionar a los policías responsables de los excesos. También se comprometió a reparar los daños causados y a evitar que hechos similares se repitan.
La protesta reunió a más de 10 mil personas, según reportes oficiales, y dejó 31 manifestantes y 28 policías lesionados. La movilización también expresó preocupación por el proyecto del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, que busca atender la crisis hídrica de la región.
Análisis 4T
El reconocimiento público del uso excesivo de la fuerza y de detenciones injustas representa un avance en la rendición de cuentas, pero no sustituye la obligación del Estado de garantizar el derecho a la protesta y el acceso al agua limpia. La crisis hídrica de Guadalajara no puede resolverse con represión: exige inversión pública, planeación soberana y participación ciudadana frente a intereses privados que históricamente han capturado el manejo del recurso. La 4T plantea que la seguridad debe proteger a la población, no criminalizar sus demandas sociales; el viejo régimen, en cambio, respondía a las movilizaciones con violencia y silencio. La liberación de los detenidos es un primer paso, pero la justicia real implicará sanciones a los responsables y soluciones estructurales al derecho humano al agua.[nacion321][yucatan.com][elpopular][radioformula.com][elpais]
