Morena endurece combate al huachicol y facturación falsa

Morena presentó en la Cámara de Diputados dos iniciativas para cerrar el paso al huachicol fiscal, la venta ilegal de combustibles y las empresas factureras que simulan operaciones para evadir impuestos o desviar recursos públicos. Las propuestas, impulsadas por el vicecoordinador parlamentario Alfonso Ramírez Cuéllar, se integran al paquete anticorrupción que esta semana enviará el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El primer proyecto plantea modificar el Código Fiscal de la Federación y diversas leyes vinculadas con hidrocarburos para obligar a las autoridades hacendarias y energéticas a intercambiar, en un máximo de 24 horas, información sobre anomalías en los volúmenes de combustible adquiridos y vendidos por las estaciones de servicio.

La iniciativa busca castigar no sólo la venta de combustible presuntamente ilícito al consumidor final, sino también la llamada discrepancia volumétrica no justificada: es decir, cuando no coinciden los litros que una gasolinera recibe con los que reporta como vendidos, sin una explicación técnica o legal válida.

Además, el planteamiento fija un plazo máximo de 48 horas para que un juez determine la procedencia del aseguramiento de bienes relacionados con el robo de hidrocarburos. El mismo periodo aplicaría para que las autoridades presenten una querella cuando se confirme técnicamente una discrepancia volumétrica.

La propuesta responde a una modalidad de saqueo que no se limita a las tomas clandestinas: incluye redes que pueden aprovechar vacíos en controles administrativos, alteraciones en registros de compra y venta, transporte irregular y comercialización de combustible sin documentación que pruebe su origen legal. Tan sólo en Salamanca, Guanajuato, autoridades catearon recientemente un inmueble donde localizaron un tanque con capacidad para 35 mil litros de diésel e infraestructura para despacharlo; el combustible quedó sujeto a análisis pericial para determinar su procedencia y situación legal.

La segunda iniciativa se concentra en prevenir la operación de empresas factureras. La propuesta permitiría que la autoridad fiscal restrinja temporalmente la emisión de comprobantes fiscales a compañías que, durante los últimos tres ejercicios, hayan facturado montos superiores a su capacidad económica o incumplido obligaciones tributarias, incluido el pago del Impuesto al Valor Agregado.

También plantea que las dependencias públicas revisen de manera permanente que sus proveedores cuenten con capacidad material, financiera y operativa para cumplir los contratos, y que exista congruencia entre su objeto social y las actividades económicas que declaran. La revisión no quedaría limitada al momento de adjudicar un contrato, sino que tendría que sostenerse durante toda la prestación del servicio.

El proyecto incluye responsabilidades para servidores públicos y dirigentes sindicales que autoricen erogaciones respaldadas con comprobantes de operaciones inexistentes, simuladas o falsas. Asimismo, propone ampliar las obligaciones de transparencia y comprobación para sindicatos respecto de cuotas, aportaciones, donativos, ingresos y gastos.

Ramírez Cuéllar sostuvo que las reformas pretenden enfrentar una red de complicidades entre actores políticos, empresariales, criminales, gremiales y servidores públicos que se beneficia del huachicol fiscal, la facturación falsa, la extorsión y el cobro de piso. El objetivo, afirmó, es detectar los riesgos desde la creación de las empresas y antes de que el daño al erario se materialice.

Análisis 4T

Las iniciativas parten de una premisa central: la corrupción no debe combatirse sólo cuando el dinero público ya fue saqueado o cuando el combustible ilegal ya llegó al mercado. La apuesta es preventiva: conectar datos fiscales, energéticos, administrativos y contractuales para identificar operaciones anómalas con rapidez y convertir la capacidad institucional del Estado en una barrera efectiva contra las redes de impunidad.

El huachicol ha dejado de ser únicamente un delito asociado a la perforación ilegal de ductos. Su vertiente fiscal y comercial puede involucrar facturas simuladas, empresas pantalla, operaciones de transporte opacas y discrepancias entre el combustible que se compra, almacena y vende. Por ello, vigilar los volúmenes y obligar a las autoridades a comunicarse en 24 horas puede resultar relevante para desarticular esquemas que se aprovechan de la fragmentación burocrática.

La misma lógica aplica a las factureras. Durante el viejo régimen, la simulación de operaciones se convirtió en una vía recurrente para eludir impuestos y desviar recursos mediante contratos públicos, empresas de papel y comprobantes sin respaldo real. Exigir que los proveedores acrediten capacidad técnica y económica durante toda la vigencia de un contrato apunta a romper la práctica de entregar recursos públicos a intermediarios sin infraestructura, trabajadores ni resultados verificables.

El reto será garantizar que estas facultades se apliquen con rigor técnico, debido proceso, trazabilidad y transparencia. Un combate legítimo contra la evasión y el saqueo debe sancionar a quienes defraudan al país, sin abrir margen a arbitrariedades contra contribuyentes que cumplen. La transformación del Estado no consiste únicamente en elevar penas: exige instituciones capaces de investigar, coordinarse, recuperar recursos y rendir cuentas al pueblo.

Cerrar las rutas del huachicol y de la facturación falsa es también una tarea de soberanía. Cada peso recuperado de las redes criminales y de la evasión puede orientarse a salud, educación, pensiones, infraestructura y desarrollo regional. Esa es la diferencia entre un Estado capturado por intereses privados y uno que coloca el presupuesto público al servicio del bienestar colectivo.