Sheinbaum responde a Milei: “Terrorismo es otra cosa” y advierte que México no aceptará intervenciones extranjeras

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La presidenta mexicana rechazó que la clasificación de cárteles como organizaciones terroristas pueda utilizarse para justificar injerencias en territorio nacional. La postura surge después de que el gobierno argentino incluyera a organizaciones criminales mexicanas en su lista de terrorismo.

Ciudad de México, 3 de noviembre de 2026. — La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió este martes a la decisión del gobierno de Javier Milei de clasificar a organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas, y advirtió que ninguna denominación utilizada por gobiernos extranjeros puede convertirse en un argumento para intervenir en México.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria estableció una diferencia entre el terrorismo y las actividades de la delincuencia organizada, al tiempo que defendió la obligación del Estado mexicano de combatir a los grupos criminales.

“Terrorismo es otra cosa”, señaló Sheinbaum al abordar la decisión argentina, y manifestó su preocupación por las posibles consecuencias políticas que podría tener el empleo de esa clasificación.

La presidenta sostuvo que México mantiene una estrategia cotidiana contra las organizaciones delictivas y que el combate al crimen no debe confundirse con la aceptación de acciones extranjeras que vulneren la independencia nacional.

¿Qué decidió el gobierno de Javier Milei?

El 21 de octubre de 2026, la Oficina del Presidente de Argentina anunció oficialmente la incorporación del Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana a su lista de organizaciones terroristas.

La resolución también incluyó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las disidencias de las FARC-EP de Colombia, así como a Los Tiguerones, organización criminal de Ecuador.

De acuerdo con el comunicado argentino, la medida forma parte de sus políticas contra las actividades delictivas transnacionales y el financiamiento del terrorismo.

Sin embargo, para el gobierno mexicano existe una diferencia fundamental entre las decisiones que un país adopta dentro de su jurisdicción y cualquier pretensión de actuar unilateralmente sobre territorio extranjero.

La soberanía mexicana tiene respaldo constitucional

Sheinbaum recordó la reforma al artículo 40 de la Constitución mexicana, mediante la cual se reforzó expresamente el rechazo a las intervenciones, intromisiones y actos extranjeros que lesionen la integridad, independencia y soberanía del país.

Esta modificación se convirtió en uno de los instrumentos jurídicos impulsados durante su administración frente a las propuestas de intervención militar estadounidense contra organizaciones del narcotráfico.

La postura presidencial no implica desconocer la gravedad de la violencia criminal ni sus efectos internacionales. El debate gira en torno a las facultades de los gobiernos extranjeros y los mecanismos legítimos de cooperación en materia de seguridad.

La lucha contra el narcotráfico constituye un desafío compartido que involucra el tráfico de drogas, armas, recursos financieros y redes criminales que operan en distintos países.

Para México, esa cooperación debe desarrollarse mediante acuerdos institucionales y respetando las competencias de cada Estado.

Análisis 4T

Combatir al crimen organizado es una obligación del Estado mexicano; defender la soberanía también lo es.

La controversia con Argentina permite identificar una discusión de fondo: la diferencia entre cooperar internacionalmente contra las organizaciones criminales y aceptar que otros gobiernos determinen unilateralmente cómo actuar dentro de México.

El riesgo político de ampliar indiscriminadamente el concepto de terrorismo consiste en que determinados sectores puedan invocarlo como justificación para acciones de fuerza en el exterior.

La posición de Sheinbaum plantea que la seguridad nacional no puede construirse sacrificando la independencia del país.

México necesita instituciones de seguridad eficaces, cooperación internacional y resultados verificables contra la delincuencia. Pero ninguna de esas obligaciones exige renunciar al principio de autodeterminación.

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