Vivienda para el Bienestar llegará a 12 millones de familias
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo proyectó que el Programa de Vivienda para el Bienestar beneficiará a 12 millones de familias al concluir su sexenio. La estrategia contempla construcción, mejoramiento, regularización y reestructura de créditos, con una derrama económica anual estimada en 1.2 por ciento del Producto Interno Bruto.
Durante la conferencia matutina de este lunes, la mandataria destacó que el programa no se limita a levantar nuevas casas: busca garantizar el acceso efectivo a una vivienda digna como un derecho social y, al mismo tiempo, activar la economía mediante la generación de empleo, obras y consumo de materiales nacionales.
La meta sexenal incluye 1.8 millones de viviendas nuevas, 1.8 millones de apoyos para mejoramiento de vivienda, la reestructuración de créditos para 5.1 millones de familias, la entrega de un millón de escrituras y 2.2 millones de créditos tradicionales. Al sumar todas estas vertientes, el gobierno estima alcanzar a 12 millones de hogares durante la administración.
| Acción del Programa de Vivienda para el Bienestar | Meta del sexenio |
|---|---|
| Viviendas nuevas | 1.8 millones |
| Créditos para mejoramiento de vivienda | 1.8 millones |
| Reestructuración de créditos | 5.1 millones de familias |
| Escrituras entregadas | 1 millón |
| Créditos tradicionales | 2.2 millones |
| Familias beneficiadas | 12 millones |
| Derrama económica anual estimada | 1.2% del PIB |
La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, informó que ya se contrataron 667 mil viviendas en 766 proyectos distribuidos en las 32 entidades del país. Esto equivale a 37 por ciento de la meta de 1.8 millones de casas nuevas; los proyectos ya cuentan con suelo, proyecto ejecutivo y contratos con empresas constructoras.
La inversión acumulada asciende a 75.9 mil millones de pesos y el programa prevé alcanzar una inversión total cercana a un billón de pesos durante el sexenio. De acuerdo con la información presentada, las entidades con mayor avance en la construcción de vivienda de interés social son Tabasco, Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas y Veracruz.
Sheinbaum señaló que cada vivienda genera, en promedio, cuatro empleos. Con las 667 mil viviendas ya contratadas, el gobierno calcula alrededor de 2.4 millones de empleos asociados a las obras en curso y por desarrollar. La presidenta remarcó que el impacto principal no debe medirse únicamente en cifras económicas, sino en la posibilidad de que más familias de bajos ingresos accedan a un hogar seguro, con servicios y condiciones adecuadas.
Análisis 4T
El Programa de Vivienda para el Bienestar plantea una ruptura con el modelo que convirtió el derecho a la vivienda en un negocio financiero. Durante años, muchas familias enfrentaron créditos impagables, casas pequeñas, alejadas de los centros de trabajo, sin servicios suficientes y construidas bajo una lógica que privilegiaba la ganancia inmobiliaria sobre la vida digna.
La meta de beneficiar a 12 millones de familias coloca a la vivienda como una política pública integral. Construir casas nuevas es fundamental, pero también lo es reparar viviendas deterioradas, resolver deudas injustas, entregar escrituras y dar certeza patrimonial a quienes han vivido durante décadas sin documentos que acrediten plenamente su propiedad.
La derrama estimada de 1.2 por ciento del PIB anual muestra que el bienestar y el desarrollo económico no son objetivos opuestos. La inversión pública y social en vivienda moviliza mano de obra, materiales, transporte, servicios profesionales y comercio local. Si se orienta con planeación territorial, puede fortalecer economías regionales y reducir desigualdades entre el norte, el centro, el sur y el sureste del país.
El reto de la Cuarta Transformación será asegurar que las metas se traduzcan en hogares bien ubicados, con agua, drenaje, electricidad, transporte, escuelas, clínicas y espacios públicos. La vivienda digna no debe ser una casa aislada en la periferia, sino el punto de partida para comunidades seguras, conectadas y con acceso real a derechos. Ahí radica la diferencia entre hacer de la vivienda una mercancía y reconocerla como base material del bienestar, la justicia social y la transformación nacional.
