Salinas Pliego enfrenta ultimátum fiscal: cinco días para saldar deuda de 51 mil millones de pesos
El SAT notificó formalmente al empresario sobre el adeudo acumulado desde hace más de una década; de no pagar esta semana, el gobierno procederá con embargos.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, Banco Azteca y Grupo Elektra, tiene hasta el viernes 23 de enero para cubrir un adeudo fiscal superior a 51 mil millones de pesos (más de 2,900 millones de dólares). El plazo de cinco días hábiles comenzó a correr el 16 de enero, fecha en que surtió efectos la notificación enviada formalmente el día anterior.
Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, explicó que los requerimientos de cobro fueron emitidos el 9 de enero y notificados el 15 del mismo mes. «El Código Fiscal de la Federación establece que, desde que surte efectos esta notificación, se tienen cinco días para pagar, que sería esta semana», precisó el funcionario durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La deuda se originó por adeudos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales 2008-2013. Entre 2013 y 2018, la autoridad fiscal determinó que las pérdidas fiscales utilizadas por las empresas de Grupo Salinas eran improcedentes. En noviembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó en definitiva los recursos legales del empresario, obligándolo a liquidar el monto.
La presidenta Sheinbaum señaló que «hay que esperar que pague» y aclaró que, si el empresario muestra intención de pago, podrá solicitar un ajuste de hasta 39% del monto total conforme a la ley. Sin embargo, advirtió que, de no cumplir con el plazo, el gobierno procederá con las siguientes etapas legales: cobro coactivo y embargos.
Análisis 4T
El caso de Ricardo Salinas Pliego representa un parteaguas en la relación entre el Estado mexicano y los grandes capitales que históricamente evadieron su responsabilidad tributaria. Durante décadas, el viejo régimen permitió que consorcios empresariales recurrieran a litigios interminables para dilatar o anular obligaciones fiscales millonarias, configurando un sistema de privilegios que socavaba la equidad tributaria.
La decisión de la SCJN de desechar los recursos de Grupo Salinas y la acción firme del SAT marcan un precedente: en la Cuarta Transformación, el Estado no negocia en lo oscuro ni permite que el poder económico esté por encima de la ley. La posibilidad de un ajuste del 39% demuestra que el gobierno actúa con apego a la normatividad, sin persecución política, pero sin tolerancia a la impunidad fiscal.
Este episodio contrasta con la laxitud de administraciones anteriores, donde los grandes deudores gozaban de condonaciones millonarias o acuerdos opacos. Hoy, la justicia tributaria no distingue apellidos: quien debe, paga. Es un mensaje claro para los poderes fácticos y un avance hacia un México donde la riqueza pública no se diluya en beneficio de unos cuantos.
