Ingresan a Exgobernador Priísta Ángel Aguirre al penal del Altiplano por destrucción de evidencias del caso Ayotzinapa
El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue ingresado esta tarde al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. El exmandatario arribó al penal de máxima seguridad a las 15 horas con 22 minutos, en medio de un discreto dispositivo de seguridad, a bordo de una camioneta negra escoltada por dos vehículos más.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo considera presunto responsable de la destrucción de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Aguirre Rivero fue detenido esta mañana en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un juez de distrito en materia penal federal.
Imputación por destrucción de videograbaciones
La titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, informó que un nuevo modelo de investigación sobre el caso permitió establecer que Aguirre Rivero habría ordenado destruir videos del palacio de gobierno de Iguala. Según la fiscalía, en esas grabaciones se pudo haber observado el momento en que el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue videograbado por las cámaras de seguridad números 12 y 15 del exterior del Palacio de Justicia del Estado en Iguala, cuando el vehículo era detenido por policías municipales y estatales.
Godoy Ramos señaló que la investigación permite sostener que «lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal». La fiscalía cuenta con elementos de prueba que acreditan que dicha instrucción de ocultamiento fue girada de manera directa por el entonces gobernador, con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.
Testimonios y reanálisis del expediente
De acuerdo con la FGR, en enero de 2026 un testigo colaborador aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente a Ángel Aguirre Rivero. Un segundo testigo protegido robusteció dicho testimonio, al señalar que el exgobernador ordenó, en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
Tras su ingreso al penal, el exgobernador guerrerense fue certificado médicamente y enviado a la zona de Observación y Clasificación. Se espera que en las próximas horas se realice la audiencia inicial de formulación de imputación en el centro de justicia anexo al Cefereso 1. Aguirre Rivero enfrentará los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.
Análisis 4T
La detención e ingreso de Ángel Aguirre Rivero al penal del Altiplano marca un hito histórico en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de Ayotzinapa. Por primera vez, las investigaciones alcanzan al funcionario de mayor jerarquía del gobierno estatal al momento de los hechos, lo que confirma que la desaparición forzada de los 43 normalistas no fue un acto aislado, sino parte de una red de complicidades que se extendió desde las policías municipales hasta la cúpula del poder ejecutivo estatal.
Desde la óptica de la Cuarta Transformación, este avance judicial refuerza la tesis de que el caso Ayotzinapa no puede entenderse como un evento circunstancial, sino como la expresión de un régimen de impunidad estructural que protegió a los responsables durante más de una década. La destrucción deliberada de evidencias desde el gobierno estatal evidencia que el viejo régimen operaba con una lógica de Estado que priorizaba la protección de los poderes fácticos sobre la verdad y la justicia.
El desafío para el gobierno federal es sostener estas investigaciones sin concesiones políticas, garantizar el acceso a la verdad para las familias y avanzar hacia la sanción de todos los responsables materiales e intelectuales. La justicia para Ayotzinapa no es solo un imperativo moral, sino una condición para cerrar las heridas de un país que durante demasiado tiempo fue gobernado por la impunidad.
