Operativo contra el ‘Mencho’, mensaje de fuerza y soberanía
El operativo para detener a Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se perfila como uno de los hechos más significativos en materia de seguridad para el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Según el análisis del especialista mexicano Rubén Ramos Muñoz, esta acción representa un punto de inflexión en la estrategia del Estado frente al crimen organizado.
La madrugada del 22 de febrero, Oseguera fue capturado en Tapalpa, Jalisco, en una operación derivada de labores de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República, a través de la FEMDO. Sin embargo, el capo murió durante su traslado a la Ciudad de México, lo que cierra la posibilidad de un proceso judicial, pero no disminuye el peso político y simbólico del golpe.
Para Ramos Muñoz, se trata “sin duda, del mayor golpe” al crimen organizado en este sexenio y lo califica como “un gran logro internacional” para el Gobierno mexicano. Subraya que el resultado de la operación trasciende el ámbito interno y se inscribe también en la manera en que México se proyecta ante otros países, particularmente frente a su principal socio y vecino del norte.
El analista destaca que esta acción forma parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Al mismo tiempo, interpreta que el operativo sirve como respuesta estratégica frente a los amagos de sectores estadounidenses que han planteado la posibilidad de una intervención militar en territorio mexicano bajo el pretexto de combatir a los cárteles. Aunque considera poco factible una intervención directa, apunta que el solo discurso funcionaba como mecanismo de presión política.
En ese sentido, Ramos Muñoz sostiene que el Gobierno mexicano gana margen de maniobra para demostrar a Washington que no requiere la intervención directa de fuerzas estadounidenses para atender asuntos internos vinculados al crimen organizado. A su juicio, este tipo de operativos también contribuye a “fortalecer, en cierta medida, la soberanía nacional”, al reafirmar que es el Estado mexicano quien conduce y ejecuta las principales acciones contra las organizaciones criminales dentro de su territorio.
Análisis 4T
El abatimiento del liderazgo del CJNG en el contexto de un operativo planificado por instituciones mexicanas coloca en el centro una discusión clave para la Cuarta Transformación: ¿quién manda en el territorio, el Estado o los poderes fácticos armados? La operación muestra un Estado que asume su responsabilidad y envía un mensaje de autoridad frente a un grupo que había llegado a disputar control territorial, económico y social en varias regiones del país.
Desde una óptica soberanista, el hecho también funciona como respuesta política a los sectores de Estados Unidos que utilizan el tema del narcotráfico para justificar narrativas intervencionistas. Al neutralizar a uno de los capos más buscados sin la presencia directa de tropas extranjeras, México refuerza la idea de que la cooperación internacional puede existir sin renunciar al mando sobre sus propias operaciones, trazando una línea clara frente a la tentación de tutelaje externo.
Sin embargo, la experiencia del viejo régimen advierte que la captura o muerte de un gran capo no basta para transformar la realidad en los territorios donde operan estas organizaciones. Si el golpe no viene acompañado de políticas de bienestar, reconstrucción del tejido social y combate a la corrupción local, el riesgo es que surjan nuevas células, disputas internas o sustituciones de liderazgo que perpetúen la violencia. Ahí se juega la diferencia entre una acción espectacular y una estrategia de Estado integral.
El discurso de “gran logro internacional” tiene sentido en clave diplomática, pero para la 4T el éxito se medirá en la vida cotidiana: menos extorsiones, menos desapariciones, menos control criminal sobre comunidades. La transformación de fondo exige que estos operativos no sean moneda de cambio ante Washington, sino parte de una política de seguridad que combine inteligencia, respeto a derechos humanos y presencia social del Estado, alejándose del modelo militarizado y subordinado a intereses externos que caracterizó al periodo neoliberal.
