S&P pone presión sobre México y su sector energético

La calificadora cambia a negativa la perspectiva soberana y de empresas clave, en medio de tensiones por el modelo económico

Standard and Poor’s (S&P) modificó de estable a negativa la perspectiva de la calificación crediticia de México, así como de empresas públicas estratégicas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La decisión se basa, según la agencia, en riesgos asociados a un bajo crecimiento económico y una consolidación fiscal más lenta de lo previsto.

La calificadora argumentó que este escenario podría traducirse en un incremento mayor al esperado de la deuda pública y en una carga creciente por el pago de intereses. Además, señaló que el apoyo fiscal otorgado por el Gobierno federal a Pemex y CFE contribuiría a una mayor “rigidez fiscal”.

Ante ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reiteró su compromiso con la sostenibilidad de la deuda, el fortalecimiento de los ingresos y una política de gasto responsable. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el ajuste de perspectiva y afirmó que su Gobierno demostrará que la evaluación es equivocada.

Especialistas consultados señalan que la decisión de S&P no es únicamente técnica. El economista Josafat Hernández advirtió que podría tratarse de una presión indirecta en el contexto de la próxima revisión del T-MEC, donde el sector energético será un punto clave. A su juicio, la calificación transmite la idea de que invertir en México implica mayores riesgos, pese a indicadores de estabilidad macroeconómica, inflación controlada y un tipo de cambio sólido.

El experto subrayó que México ha mantenido estabilidad financiera y récords recientes en inversión extranjera, por lo que considera que no existen fundamentos sólidos para un deterioro en la percepción de riesgo. En ese sentido, interpretó la decisión como una reacción de sectores del capital transnacional interesados en una mayor apertura del mercado energético mexicano.

Por su parte, la académica Carolina Hernández Calvario, de la UAM, explicó que las calificadoras no solo evalúan riesgos, sino que también influyen activamente en los flujos de capital. Recordó que su actuación ha tenido efectos relevantes en crisis financieras internacionales, como la asiática de los años noventa, donde sus decisiones contribuyeron a amplificar la volatilidad.

La investigadora señaló que estas agencias suelen responder a una lógica alineada con el modelo neoliberal, en el cual se privilegia la reducción del papel del Estado. En contraste, destacó que México atraviesa una etapa de redefinición basada en la ampliación de su soberanía económica y en un modelo que reconoce la coexistencia de diversas formas de producción y participación estatal.

Análisis 4T

La decisión de S&P no puede leerse únicamente como un diagnóstico financiero neutral. Se inserta en una disputa más amplia sobre el rumbo económico de México, particularmente en torno al control de sectores estratégicos como la energía.

Mientras el modelo neoliberal prioriza la apertura total al capital privado, el proyecto de la Cuarta Transformación apuesta por fortalecer al Estado como rector del desarrollo y garante de la soberanía. En ese contexto, el respaldo a Pemex y CFE no es una debilidad fiscal, sino una decisión política orientada a recuperar capacidades nacionales.

El señalamiento de “riesgo” por parte de las calificadoras también refleja el peso que estos organismos tienen en el sistema financiero global, donde sus evaluaciones pueden condicionar el acceso al crédito y presionar decisiones de política pública. Sin embargo, la estabilidad macroeconómica, la gobernabilidad y el crecimiento de la inversión muestran una realidad más compleja que la narrativa de riesgo.

En vísperas de la revisión del T-MEC, este tipo de evaluaciones adquiere una dimensión geopolítica. La disputa por el sector energético mexicano no es solo económica, sino también estratégica. Lo que está en juego es la capacidad del país para definir su propio modelo de desarrollo frente a intereses externos.

Desde la óptica de la 4T, el desafío no es ajustarse a los criterios del viejo régimen financiero internacional, sino consolidar un proyecto que priorice la justicia social, la soberanía y el fortalecimiento del Estado como eje del desarrollo nacional.