Una investigación de ‘The New York Times’ revela cómo el metal extraído ilegalmente por un cartel colombiano se transforma en monedas oficiales del gobierno estadounidense

Oro sucio, poder limpio

Una investigación de The New York Times expone que el Clan del Golfo extrae oro dentro y alrededor de una base militar colombiana, y que parte de ese metal termina convertido en monedas oficiales de la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

La mina, conocida como La Mandinga, opera a escasos metros del Batallón Rifles 31, en el noroeste de Colombia. Imágenes satelitales y de dron mostraron que la explotación se extendió hasta unos 137 metros de la piscina privada de la base, mientras decenas de mineros trabajaban con mangueras de alta presión y mercurio para separar el oro.

La ruta del metal

Según el reportaje, el Clan del Golfo cobra 400 dólares mensuales a cada equipo de cinco mineros para permitirles operar en La Mandinga. Cientos de equipos, posiblemente más de mil, trabajan en condiciones tóxicas, devastan el bosque tropical y contaminan ríos mientras financian la estructura criminal con esos pagos.

La investigación detalla que el oro pasa luego por compraventas en Caucasia, donde se registra bajo licencias de mineros que no necesariamente trabajan de forma artesanal, ni sin mercurio, ni en zonas autorizadas. Después se mezcla con otros suministros, se funde y viaja a Texas, donde una refinería lo incorpora a la cadena comercial como si fuera metal de origen estadounidense.

El punto militar

El comandante de la unidad, el coronel Daniel Echeverry, negó al inicio que se explotara oro dentro del perímetro militar. Cuando recorrió el sitio con los reporteros y vio los pozos fangosos, ordenó a los mineros retirarse y lanzó la advertencia de que el terreno era propiedad privada del Ministerio de Defensa.

La escena escaló con machetes, piedras, amenazas y gasolina arrojada contra el coronel, soldados y periodistas; luego, los militares destruyeron parte del equipo de los mineros antes de retirarse. El episodio retrata una fractura profunda: si el Estado no logra contener una operación criminal dentro de una base, su capacidad de control territorial queda seriamente cuestionada.

Respuesta oficial

Tras la publicación, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ordenó una verificación e investigación inmediata y prometió actuar con “todo el peso de la ley” si se confirma omisión, connivencia o vínculo criminal. Aun así, el flujo del oro no se ha detenido, pese a que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos mantiene sancionados a los líderes del Clan del Golfo.

El reportaje también señala un vacío legal y operativo en Estados Unidos. Aunque en 1985 el Congreso prohibió que la Casa de la Moneda fabricara lingotes con oro extranjero para evitar complicidad con abusos como los del apartheid sudafricano, una auditoría del Tesoro en 2024 reveló que durante dos décadas la institución nunca preguntó a sus proveedores el origen del metal.

Análisis 4T

Este caso exhibe la hipocresía del mercado global: se castiga en el discurso a los grupos criminales, pero en la práctica su riqueza se limpia en cadenas de suministro, refinerías y burocracias que priorizan la rentabilidad sobre la legalidad. El resultado es un sistema donde la violencia territorial en Colombia termina convertida en monedas “oficiales” en Estados Unidos.

Desde una mirada soberanista y social, el episodio confirma que la criminalidad no solo se combate con despliegue militar, sino con control del territorio, trazabilidad real, combate a la corrupción y defensa del interés público frente a redes privadas y financieras. La lección para América Latina es clara: cuando el Estado se debilita y el capital manda, el oro, la sangre y la impunidad terminan fundidos en el mismo lingote.