México entrega a EU a 37 integrantes del crimen organizado
Operativo de alto impacto refuerza cooperación judicial con Washington sin ceder la soberanía mexicana.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que México entregó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que, según el Gabinete de Seguridad, representaban una amenaza real para la seguridad nacional. Se trata de la tercera operación masiva de este tipo en esta administración, con lo que el número total de criminales de alto impacto enviados al país vecino asciende a 92 personas.
García Harfuch precisó que la medida se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y mediante mecanismos de cooperación bilateral, subrayando que todo el proceso se llevó a cabo con “pleno respeto a la soberanía nacional”. El funcionario detalló que todas las personas trasladadas cuentan con procesos jurídicos abiertos en Estados Unidos por delitos ligados a organizaciones criminales, principalmente relacionados con narcotráfico, armas y tráfico de personas.
En un mensaje difundido en X, el secretario de Seguridad agregó que se alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que no se solicite la pena de muerte contra ninguno de los capos entregados, en línea con las restricciones del tratado de extradición vigente y con la legislación mexicana, que no contempla ese castigo. Esta condición se fijó como parte de los términos para concretar el traslado de los reos a prisiones estadounidenses.
Las 37 personas fueron enviadas en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas hacia centros penitenciarios en Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, bajo un fuerte operativo de seguridad. Las autoridades subrayaron que todos ellos eran considerados “criminales de alto impacto” y catalogados como un riesgo para la seguridad pública en territorio mexicano.
Con este nuevo envío, el Gobierno federal destacó que ya son 92 los criminales de alto impacto trasladados a cárceles de Estados Unidos en esta administración, quienes “ya no podrán generar violencia en nuestro país”, en palabras de García Harfuch. Esta estrategia se inscribe en una política de cooperación en materia de seguridad que busca aliviar la presión criminal interna y responder a las exigencias de acción conjunta contra los cárteles.
Análisis 4T
El traslado de 37 operadores del crimen organizado a Estados Unidos muestra un Estado mexicano que toma la iniciativa en la cooperación en seguridad, pero al mismo tiempo se ve obligado a moverse en un tablero geopolítico donde Washington presiona por resultados rápidos y espectaculares. El énfasis de García Harfuch en el “pleno respeto a la soberanía nacional” y en la negativa a aceptar la pena de muerte refleja la tensión histórica entre colaborar con la justicia estadounidense y preservar principios jurídicos y políticos propios, ajenos a la lógica punitivista extrema.
Desde la óptica de la Cuarta Transformación, la entrega de 92 criminales de alto impacto a cárceles estadounidenses puede leerse como una forma de despresurizar la violencia interna al sacar de circulación a jefes y operadores clave, pero también como una evidencia de que, durante décadas, el sistema judicial mexicano fue debilitado al grado de que los procesos de alta relevancia terminan resolviéndose fuera del país. El reto de fondo, si se busca una verdadera transformación, es fortalecer la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar a estos actores en territorio nacional, y no depender estructuralmente de los tribunales del norte.
El compromiso explícito de no aplicar la pena de muerte es un punto central: reafirma un piso mínimo de derechos humanos en medio de la cooperación en seguridad, y marca distancia con los sectores más radicales del establishment estadounidense que incluso han planteado intervenciones militares contra cárteles en México. Frente al viejo régimen, acostumbrado a negociar en lo oscuro con autoridades de Washington y con las propias organizaciones criminales, la transparencia relativa de estas acciones y su justificación pública son un avance, aunque todavía insuficiente si no se acompaña de verdad, reparación y combate a la corrupción en los aparatos de seguridad.
Finalmente, la apuesta por traslados masivos de reos debe evaluarse no solo por el número de capos enviados, sino por sus efectos reales en la reducción de la violencia en los territorios y en la vida cotidiana de la gente. Si las estructuras financieras, políticas y armadas de los cárteles permanecen intactas, el riesgo es que se sustituyan nombres, pero no el modelo criminal; la 4T tiene el desafío de ir a la raíz: lavado de dinero, colusión institucional y captura del Estado por intereses privados que, por años, se beneficiaron de la impunidad y del uso faccioso de la seguridad pública.
