Tragedia en Hermosillo: Waldo’s operaba sin permiso de Protección Civil desde 2021
Hermosillo, Sonora. La sucursal de Waldo’s en el centro de Hermosillo que explotó el sábado —dejando 23 personas fallecidas y 12 lesionadas— no contaba con un programa autorizado de Protección Civil desde hace tres años, reveló el secretario de Gobierno estatal, Adolfo Salazar Razo.
El funcionario explicó que el plan interno del establecimiento, ubicado sobre la calle Dr. Noriega, fue aprobado en 2019 y revalidado en 2020, pero negado en 2021 al detectarse incumplimientos de seguridad. “Cada trámite y permiso está en revisión y forma parte de la investigación que realiza la Fiscalía”, informó.
A raíz del siniestro, la cadena cerró 68 sucursales en Sonora, mientras peritos trabajan entre los escombros del edificio colapsado para determinar el origen del fuego.
El fiscal general del estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó que 21 de las víctimas ya fueron identificadas y que seis personas permanecen hospitalizadas —dos en estado crítico—. Detalló que la mayoría de los fallecimientos se debieron a inhalación de gases tóxicos, no a quemaduras.
La CFE se deslindó del accidente, señalando que el transformador involucrado era particular y no parte de su infraestructura. Las autoridades investigan si el sistema eléctrico interno o los paneles solares instalados en la azotea provocaron el siniestro.
El secretario de Educación, Froylán Gámez Gamboa, informó que familiares de 21 víctimas acudieron a identificar los cuerpos, mientras que dos permanecen en el Servicio Médico Forense.
A través de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, el gobierno estatal ofrece apoyo psicológico, asesoría legal y cobertura de gastos funerarios. “Ningún afectado estará solo. Se garantiza el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral”, señaló el gobernador Alfonso Durazo.
Análisis 4T: Negligencia empresarial, tragedia evitable
La tragedia de Hermosillo desnuda un patrón dolorosamente común: la impunidad corporativa. Durante años, grandes cadenas comerciales han operado bajo una lógica de maximizar ganancias a costa de reducir estándares de seguridad y evadir supervisión estatal.
Que una empresa con decenas de sucursales haya ignorado resoluciones de Protección Civil desde 2021 no es un error burocrático: es una omisión criminal.
Esta tragedia exige una revisión profunda del papel de las autoridades locales y del sistema de inspecciones, pero también un mensaje claro a los grupos empresariales: la vida humana vale más que el lucro.
Hermosillo llora hoy una pérdida evitable. Que no se repita dependerá de que esta vez, la justicia no se negocie.
