Sheinbaum propone blindar candidaturas contra vínculos criminales

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La presidenta presentó una reforma electoral para que, a partir de 2027, los partidos y las autoridades tengan más filtros para evitar postulaciones ligadas al crimen organizado.

Ciudad de México.— La presidenta Claudia Sheinbaum envió una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de fortalecer el proceso electoral rumbo a 2027 y evitar que personas vinculadas con la delincuencia organizada lleguen a las boletas.

Sheinbaum explicó que decidió turnar la propuesta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para su discusión en el periodo extraordinario de sesiones, debido a que desde el inicio de su gobierno se han detectado casos aislados de vínculos entre algunas presidencias municipales y el crimen organizado.

La iniciativa plantea crear una comisión de verificación de integridad de candidaturas integrada por cinco consejeros del INE. Esa instancia trabajaría en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para revisar si existe un posible riesgo razonable de que alguna candidatura tenga relaciones con grupos criminales.

El planteamiento se enmarca en la presunción de inocencia y, según la propuesta, los partidos políticos podrían entregar de manera voluntaria la lista de sus aspirantes para que se lleve a cabo la revisión. Con base en los resultados, cada partido asumiría la responsabilidad de registrar o no a quienes presenten señales de riesgo.

En caso de hallarse información relevante, las instituciones del Estado continuarían las indagatorias de forma reservada para no afectar el debido proceso. Además, las personas aspirantes tendrían que aceptar previamente ser evaluadas por sus partidos, bajo condiciones estrictas de confidencialidad.

Sheinbaum recordó que, a partir de la Operación Enjambre, se detectaron casos de presidentes municipales y trabajadores locales con presuntos vínculos con delincuentes. También mencionó los casos de Teuchitlán, Tequila y el operativo realizado en Morelos como ejemplos de la necesidad de un mecanismo preventivo.

La mandataria subrayó que buena parte de esta información provino de denuncias ciudadanas y que, ante la elección de 2027, es necesario contar con una vía que permita a los partidos conocer si una persona postulada tiene o no antecedentes que representen un riesgo.

En paralelo, la Consejería Jurídica de la Presidencia informó que la reforma al Poder Judicial prevé la creación de una comisión coordinadora para unificar metodologías y criterios de evaluación de los comités encargados de analizar los perfiles de aspirantes a jueces y magistrados.

Análisis 4T

La iniciativa responde a una demanda legítima del Estado mexicano: impedir que el poder político local o regional sea capturado por intereses criminales. En un país marcado durante años por la impunidad y la colusión, poner filtros de integridad no es exceso, sino defensa institucional.

Desde la visión de la Cuarta Transformación, la limpieza de los procesos electorales es parte de la recuperación del Estado frente a redes de poder que durante el viejo régimen operaban con normalidad entre autoridades, partidos y delincuencia. La diferencia es que ahora se busca actuar antes de que el crimen se siente en las boletas.

El reto será que estos mecanismos no se conviertan en instrumentos discrecionales ni en excusas para la persecución política. Su legitimidad dependerá de que combinen investigación seria, debido proceso y respeto a la presunción de inocencia, sin renunciar al deber del Estado de proteger la democracia de las infiltraciones del narco.

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