México exige justicia ante fraude millonario en compra de ventiladores durante la pandemia
Ciudad de México.— El Gobierno de México mantiene una batalla legal en tribunales nacionales e internacionales contra la empresa inglesa Viva Enterprises Limited, acusada de incumplimiento de contrato y fraude por no entregar 650 de los mil ventiladores adquiridos durante la emergencia sanitaria de COVID-19.
El país reclama 41.1 millones de dólares más intereses por los equipos médicos no entregados, luego de que el pago se realizó de forma anticipada y la empresa incumplió con los plazos pactados.
Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, subrayó que “el recurso no se desvió ni se perdió en México; el engaño provino del vendedor extranjero”. Añadió que el IMSS Bienestar, antes Insabi, es el responsable del proceso judicial y que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con las investigaciones iniciadas desde 2021.
En paralelo, el Estado mexicano, representado por el despacho Peters & Peters, mantiene una demanda en tribunales mercantiles de Londres, ya que el contrato fue firmado bajo jurisdicción británica. La audiencia previa al juicio está programada para diciembre de este año, y el proceso formal arrancará en enero de 2026.
“Es muy probable que México gane el juicio”, aseguró Buenrostro, al señalar que la evidencia del engaño es clara: el proveedor cobró por mil ventiladores, regresó el equivalente a 300 y entregó apenas 50.
Durante la conferencia presidencial, también se informó que el Gobierno mexicano exige a Phillips reparar los daños causados por la venta de ventiladores defectuosos durante la pandemia. La Cofepris y la FDA de Estados Unidos confirmaron que esos modelos se autorizaron únicamente de forma temporal por la emergencia sanitaria, y que su venta posterior quedó prohibida.
“Algunos de esos equipos ya fueron retirados y devueltos, pero la empresa tendrá que responder ante la ley por haber comercializado aparatos que no cumplían los estándares de seguridad”, afirmó Buenrostro.
El sector salud mexicano trabaja en una estrategia jurídica internacional coordinada con otros países que enfrentan casos similares, con el objetivo de frenar la impunidad corporativa y garantizar que los recursos públicos invertidos en salud sean recuperados.
Análisis 4T:
El caso contra Viva Enterprises simboliza un cambio profundo en la política pública: un Estado que ya no se resigna a ser víctima de abusos corporativos ni de contratos leoninos firmados en la sombra de las emergencias. La Cuarta Transformación ha dejado claro que la corrupción no solo se combate dentro del país, sino también fuera de él, allí donde intereses extranjeros intentan lucrar con el sufrimiento del pueblo mexicano.
La exigencia de justicia y transparencia en el uso de recursos públicos durante la pandemia refuerza el principio de soberanía y de rendición de cuentas que distingue a este gobierno. México ya no es terreno fértil para los abusos del capital extranjero disfrazado de “ayuda humanitaria”; hoy se defiende la dignidad nacional con argumentos, leyes y voluntad política.
