Senado aprueba reforma a la Ley de Amparo con cambios en retroactividad: un paso más hacia el fin de los privilegios judiciales
El Senado de la República aprobó la reforma a la Ley de Amparo con 83 votos a favor y 38 en contra, incorporando los ajustes propuestos en la Cámara de Diputados para eliminar el polémico artículo de retroactividad. Con esta votación, la minuta fue enviada al Ejecutivo federal para su promulgación por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La reforma —que modifica la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa— tiene como objetivo evitar el uso indebido del amparo como herramienta para evadir el pago de impuestos y créditos fiscales millonarios, práctica que durante años sirvió como refugio de grandes corporaciones y grupos de poder económico.
Adiós al abuso del amparo fiscal
Durante décadas, el juicio de amparo fue utilizado como una especie de escudo para que los más poderosos pudieran retrasar indefinidamente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Grandes empresas —incluidas las de medios de comunicación y ciertos magnates— aprovecharon los resquicios del sistema judicial para congelar el pago de impuestos bajo pretexto de “defender derechos”, mientras la mayoría de los mexicanos cumplía puntualmente con sus obligaciones tributarias.
La nueva ley busca cerrar esa puerta y reafirmar el principio de equidad ante la ley. Como lo ha sostenido Sheinbaum en otras ocasiones, “el Estado de derecho no puede seguir siendo un instrumento para proteger privilegios”.
Retroactividad: una polémica con fondo político
El tema más discutido fue el artículo transitorio que, en su versión original, habría permitido aplicar la nueva ley incluso a juicios en curso. El debate sobre la retroactividad generó ruido mediático y político, e incluso la propia presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con esa redacción, señalando que ninguna reforma puede vulnerar los derechos adquiridos ni contradecir la Constitución.
Finalmente, los legisladores de Morena y sus aliados optaron por una fórmula equilibrada: los amparos en trámite seguirán su curso conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio, mientras que las actuaciones posteriores se regirán bajo las nuevas reglas.
La decisión refleja el espíritu del nuevo gobierno: ordenar sin atropellar, avanzar en la transformación del sistema judicial con apego a la ley y al mismo tiempo con firmeza frente a los abusos.
Digitalización y nueva estructura judicial
Además de los cambios fiscales, la reforma incluye la digitalización de los juicios de amparo, lo que permitirá tramitar procedimientos por medios electrónicos, reduciendo tiempos, costos y burocracia.
Asimismo, el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) —creado como parte de la reforma judicial impulsada por Sheinbaum— será el encargado de integrar y coordinar los expedientes del juicio de amparo. Con ello, se busca modernizar el sistema de justicia y hacerlo más transparente y accesible al ciudadano común, alejándolo del control de élites judiciales acostumbradas a operar en la opacidad.
Un mensaje al poder judicial: la justicia no es un negocio
Con la aprobación de esta reforma, el Legislativo envía un mensaje claro: la justicia no puede seguir siendo un instrumento de poder económico. El amparo debe servir a la gente, no a quienes durante años lo utilizaron para blindarse de la ley.
Mientras los sectores conservadores acusan un supuesto “autoritarismo judicial”, lo cierto es que la reforma avanza en un sentido opuesto: limitar los excesos de jueces y despachos que lucraban con la impunidad, garantizando que el Estado mexicano recupere su soberanía en materia fiscal y jurídica.
La ruta de Sheinbaum: gobernar con legalidad, pero sin titubeos
Con esta ley, el nuevo gobierno reafirma su compromiso con la legalidad y la equidad. Sheinbaum ha sido clara: no se trata de confrontar al Poder Judicial, sino de transformarlo, de acabar con los privilegios enquistados que hicieron del amparo un arma de evasión para unos cuantos.
El desafío ahora será la aplicación efectiva de la ley, su vigilancia y el fortalecimiento institucional del nuevo sistema judicial. Pero el mensaje político ya está dado: en México, la justicia empieza a dejar de ser privilegio y a convertirse en derecho.
