La estrategia fuciona: el país registra la mayor caída de homicidios en una década, pero más personas dicen sentirse inseguras que antes.
Desde enero de 2025, la tasa de homicidios se ha reducido de forma acelerada, con alrededor de 9 mil asesinatos menos que en 2024 y un promedio anual cercano a 17.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, el nivel más bajo desde 2015. Esta caída se suma a una tendencia regional en la que México ya se ubica por debajo de otros países latinoamericanos en violencia letal, con una cifra cercana a 15‑18 homicidios por cada 100 mil personas en 2025. Sin embargo, la encuesta nacional de seguridad urbana del Inegi muestra que alrededor de 62‑64% de la población considera insegura la ciudad donde vive, un aumento de varios puntos respecto al año previo y el nivel más alto en tres años.
En los años de Enrique Peña Nieto y buena parte del sexenio de López Obrador, la relación era casi mecánica: cuando subía la violencia homicida, crecía también la percepción de inseguridad; cuando los asesinatos se moderaban, bajaban ligeramente los miedos sociales. Esa sincronía se rompió pocos meses después de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum en octubre de 2024: entre finales de 2024 y 2025 los homicidios cayeron cerca de 30%, pero la proporción de mexicanos que dicen sentirse inseguros volvió a incrementarse.
La política es clave: la oposición, los medios tradicionales y actores internacionales han hecho del tema de la inseguridad un eje central de disputa, amplificando hechos violentos específicos y reforzando la idea de que “todo está peor”, aun cuando los datos globales muestran descensos. En paralelo, la propia narrativa oficial, que presume la baja de homicidios como triunfo de la nueva administración, genera suspicacia en sectores que han vivido décadas de promesas incumplidas y que siguen enfrentando cobros de piso, desplazamientos y control territorial por parte del crimen organizado en regiones enteras. El resultado es una brecha creciente entre la seguridad medida en estadísticas y la seguridad sentida en las calles, brecha que ya está reconfigurando el debate público, la agenda mediática y las estrategias de los partidos rumbo a los próximos años.
Análisis 4T
La paradoja de “menos homicidios, más miedo” revela un punto central para la Cuarta Transformación: el combate a la violencia no se agota en la estadística, sino en la recuperación cotidiana del territorio y de la confianza ciudadana. La caída de alrededor de 30% en los asesinatos y el registro más bajo en una década son indicadores importantes de que la estrategia de seguridad civil frente al viejo enfoque militarista está produciendo cambios reales, pero no son suficientes mientras amplias zonas del país sigan bajo el control fáctico de grupos criminales y la gente sienta que el Estado no está presente.
La percepción de inseguridad también está atravesada por una batalla mediática y política donde ciertos sectores, acostumbrados a lucrar con el miedo, magnifican cada hecho violento mientras minimizan los avances estructurales, con el objetivo de desacreditar cualquier proyecto que fortalezca al Estado por encima de intereses privados o extranjeros. Para la 4T, el reto es doble: consolidar la reducción sostenida de homicidios y otros delitos de alto impacto, y al mismo tiempo construir confianza mediante justicia efectiva, reparación a víctimas, transparencia en las cifras y participación comunitaria en la definición de las políticas de seguridad.
Si el viejo régimen usó al Ejército y a la “mano dura” como máscara para pactar con el crimen, la transformación demanda lo contrario: instituciones civiles fuertes, policías locales dignificadas, ministerios públicos que realmente investiguen y una ciudadanía organizada que vigile al poder. Sólo así la baja en homicidios dejará de ser un número en la conferencia matutina y se convertirá en una realidad palpable en barrios, colonias y comunidades; sólo así el miedo dejará de ser herramienta política y empezará a perder frente a la justicia y la esperanza.
