Detienen a ex agente del Cisen señalado como segundo tirador tras 31 años de impunidad
Treinta y una años después del magnicidio de 1994, las autoridades capturan nuevamente a Jorge Antonio Sánchez Ortega en Tijuana, reviviendo interrogantes sobre la conspiración que dejó a la nación en incertidumbre política.
El sábado 8 de noviembre de 2025, elementos de la Policía Federal Ministerial aprehendieron a Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del difunto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en la colonia Los Reyes de Tijuana, Baja California, a las 16:37 horas. La detención ocurrió entre las calles Rey Carlos y Rey Baltazar, a pocos metros del sitio donde cayó abatido Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994. Sánchez Ortega permanece a disposición de un juez federal en la delegación tijuanense de la Fiscalía General de la República.
Esta segunda aprehensión remueve los cimientos de la narrativa oficial que gobernó al país durante más de tres décadas. En 1994, cuando fue detenido por primera vez en el mismo escenario del crimen, Sánchez Ortega portaba una chamarra con manchas de sangre del candidato presidencial priísta, y las pruebas de rodizonato de sodio —utilizadas para detectar residuos de pólvora en manos de quienes disparan armas de fuego— resultaron positivas. Sin embargo, la entonces Procuraduría General de la República lo liberó al día siguiente, argumentando que el proyectil que mató a Colosio provenía del rifle de Mario Aburto Martínez.
Sánchez Ortega tenía apenas siete meses trabajando para el Cisen cuando se asignó a vigilar el mitin de Lomas Taurinas. Su cercanía al lugar exacto del crimen, sus materiales contaminados con sangre de la víctima y la evidencia química en sus manos configuraban un cuadro que fue abandonado deliberadamente por las instituciones de seguridad. Luego de su liberación en 1994, Sánchez Ortega continuó trabajando para el Cisen, incluso siendo asignado en 2008 a Coahuila, donde, según reportes, utilizó datos personales de familiares de víctimas de la explosión en Pasta de Conchos para sabotear movimientos de inconformidad.
La Fiscalía General de la República ha reorganizado su investigación bajo una línea completamente distinta a la oficial de tres décadas: ahora reconoce que el crimen fue producto de una acción concertada que involucró al menos dos tiradores, no un asesino solitario. Esta reactivación de la investigación, formalmente iniciada en 2022 bajo presión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pone de manifiesto las fracturas del expediente original. Mario Aburto denunció en años posteriores que fue torturado para autoincriminarse, confesión que las autoridades anteriores ignoraron sistemáticamente.
La captura ocurre en un contexto donde la Fiscalía ha enfrentado resistencia judicial para expedir órdenes de aprehensión contra otros sospechosos. Múltiples reportes sugieren que Sánchez Ortega fue localizado mediante una ficha roja de Interpol, lo que habla de un nivel de coordinación interinstitucional que estaba ausente en 1994. La pregunta central que circula entre analistas y estudiosos del caso es clara: ¿qué informaciones ha proporcionado esta nueva investigación para que, tras 31 años, se ordene nuevamente capturar a alguien que ya había sido procesado y liberado?
Análisis 4T
El caso Colosio resurge como símbolo de un Estado que, durante tres décadas, priorizó la estabilidad política sobre la verdad. La captura del exagente del Cisen no es un acontecimiento aislado, sino la expresión de una transformación institucional que busca recuperar la soberanía del Estado sobre los poderes fácticos que operaban en las sombras del viejo régimen.
La liberación de Sánchez Ortega en 1994, pese a la evidencia físico-química contundente, fue un acto de subordinación institucional. El sistema de procuración de justicia de aquella era servía a intereses de cúpula, no a la verdad: en 1994, el mismo Procurador Erresto Ruffo Appel fue marginado de la investigación, cediendo paso a instancias federales que respondían directamente a Carlos Salinas de Gortari. El expediente fue manipulado para sostener la tesis del asesino solitario, incluso cuando el fiscal Miguel Montes reconoció públicamente, antes de retractarse, la evidencia de una «acción concertada».
Treinta y un años después, bajo una administración que ha colocado la justicia transicional y la recuperación de la memoria histórica como pilares de la transformación, esta detención representa un paso hacia la rendición de cuentas. No es venganza, sino reparación institucional: el reconocimiento de que un Estado verdaderamente soberano no puede permitir que sus instituciones sean rehenes de conspiraciones palaciegas disfrazadas de oficialidad.
La participación del Cisen en vigilancia, represión y encubrimiento marca un patrón que trasciende el caso Colosio. Este es un examen de conciencia nacional sobre qué significa un Estado de derecho cuando los aparatos de seguridad estaban al servicio de grupos de poder, no de la ciudadanía. La reapertura de esta investigación bajo criterios de verdad, no de conveniencia, es lo que distingue a la 4T del viejo orden, donde los magnicidios políticos eran archivados, no resueltos.
