La justicia federal confirmó mantener en prisión a César Duarte acusado de lavado de dinero
Una jueza adscrita al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, ratificó la madrugada de este miércoles la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de 73 millones 925 mil pesos.
Aunque el delito no se considera grave según el Código Penal Federal, la Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que ponerlo en libertad representaría un riesgo para la investigación, tomando en cuenta la influencia política que Duarte mantuvo durante su administración entre 2010 y 2016.
La audiencia, que inició alrededor de las 10 de la mañana del martes y concluyó pasada la una de la madrugada del miércoles, se centró en analizar la solicitud de libertad bajo caución presentada por la defensa del exmandatario, la cual fue rechazada. Además, el equipo jurídico de Duarte solicitó la duplicidad del término constitucional para reunir pruebas que desvirtúen la imputación de la FGR.
La acusación de la Fiscalía se basa en 120 elementos de prueba que señalan un entramado financiero mediante el cual el exgobernador habría desviado fondos públicos a empresas donde él o su esposa, Bertha Olga Gómez Font, figuraban como socios mayoritarios. Entre las compañías involucradas destacan Unión Ganadera Regional División del Norte, Financiera Rural División del Norte, Pavimentos y Servicios Parral, e Hidroponía El Parral.
Los convenios y subsidios provenientes del Gobierno de Chihuahua, según la investigación, se triangularon entre estas empresas para finalmente terminar en cuentas personales del matrimonio Duarte Gómez, incluso utilizando parte de los recursos para cubrir gastos personales como el pago de una tarjeta American Express.
Será hasta el sábado por la tarde cuando la jueza resuelva si existen elementos suficientes para vincular a proceso penal al exgobernador o, en su caso, determinar su exoneración.
Análisis 4T
El caso de César Duarte representa otro capítulo de la larga historia de impunidad y corrupción estructural heredada del viejo régimen. La ratificación de la prisión preventiva no sólo sostiene el principio de rendición de cuentas, sino que envía un mensaje claro sobre la necesidad de fortalecer el Estado frente a los abusos del poder político y económico.
Durante décadas, muchos gobiernos estatales operaron como feudos personales, donde el desvío de recursos públicos beneficiaba a elites locales. Hoy, la justicia enfrenta el reto de demostrar que nadie está por encima de la ley, especialmente quienes se enriquecieron a costa del pueblo.
Este proceso judicial no sólo debe leerse como una cuestión penal, sino como parte de la transformación democrática que busca reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones y recuperar los recursos públicos para el bienestar colectivo.
