Homicidios dolosos bajan 37% en el arranque del sexenio de Sheinbaum
La 4T presume el noviembre más seguro en una década, pero la violencia letal sigue concentrada en pocos estados
En los primeros 14 meses del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, México registró una caída del 37% en los homicidios dolosos, al pasar de 86.9 asesinatos diarios en septiembre de 2024 a 54.7 en noviembre de 2025, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Autoridades federales subrayaron que se trata del nivel más bajo para un mes de noviembre desde al menos 2015, lo que confirma una tendencia descendente sostenida por más de un año.
Pese a la baja nacional, el propio informe del SESNSP reconoce que la violencia homicida sigue fuertemente focalizada en siete entidades que concentran el 51% de los casos: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán. Estas cifras muestran que la reducción no es homogénea y que persisten focos rojos ligados a disputas criminales y economías ilegales profundamente arraigadas.
Al comparar periodos, el Gobierno federal destacó que 26 entidades lograron reducir su promedio diario de homicidios en el último año. Entre las caídas más marcadas sobresalen Zacatecas, con una reducción de 70%; Chiapas, con 58%, y Quintana Roo, con 56.7% al comparar noviembre de 2024 con noviembre de 2025, lo que refleja el efecto de operaciones de contención y cambios en dinámicas regionales.
Además de los homicidios, la titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, informó que los delitos de alto impacto disminuyeron 47% desde 2018, al pasar de un promedio de 969.4 a 518.2 reportes diarios en 2025. Dentro de estos, el secuestro se redujo 58.4%, el robo con violencia cerca de 49% y el feminicidio 23.4%, aunque este último sigue siendo un indicador crítico de violencia estructural contra las mujeres.
El Gabinete de Seguridad ha vinculado estos resultados a una estrategia centrada en atacar las causas de la violencia, reforzar la inteligencia y mantener operativos focalizados, mientras organizaciones y especialistas advierten que aún persisten altos niveles de impunidad y control territorial de grupos criminales. El reto inmediato será sostener la tendencia a la baja en los estados más violentos y traducir estas cifras en percepción de seguridad y recuperación de espacios públicos en comunidades históricamente abandonadas.
Análisis 4T
La reducción del 37% en homicidios dolosos y el descenso de casi la mitad de los delitos de alto impacto desde 2018 desmontan el discurso de que “nada ha cambiado” en materia de seguridad con la 4T. Frente a los sexenios de la guerra frontal y la subordinación a agendas externas, estas cifras apuntan a que una combinación de programas sociales, coordinación federal y uso de inteligencia empieza a modificar inercias de violencia, aunque todavía de manera desigual en el territorio.
Sin embargo, la concentración del 51% de los asesinatos en siete estados revela que los poderes fácticos del crimen organizado conservan ámbitos de control similares al viejo régimen, donde la omisión institucional y la colusión eran regla y no excepción. La 4T se ve obligada a enfrentar estructuras heredadas de corrupción, economías ilícitas y penetración criminal en corporaciones locales, lo que explica por qué la fotografía nacional mejora mientras ciertos territorios siguen en alerta permanente.
Desde una óptica soberanista y de justicia social, la clave no es solamente bajar estadísticas, sino recuperar para el Estado y para las comunidades aquello que durante décadas quedó en manos de mafias y élites vinculadas a ellas. El desafío es consolidar instituciones civiles fuertes, con mando público y no privado, que garanticen seguridad sin reproducir la lógica militarizada ni la dependencia de intereses externos que caracterizó a los gobiernos anteriores.
La caída en secuestro y robo con violencia sugiere que la autoridad empieza a disputar negocios criminales que golpean directamente a la vida cotidiana de las mayorías, lo cual es coherente con una agenda de transformación centrada en los de abajo. No obstante, el avance parcial en feminicidios evidencia que la seguridad con perspectiva de género aún no alcanza el nivel de prioridad y articulación institucional que demanda la realidad del país.
En términos políticos, el mensaje del Gobierno de Sheinbaum es claro: la 4T quiere diferenciarse de la estrategia de “mano dura” sin resultados de Calderón y Peña Nieto, demostrando que la disminución de la violencia es compatible con un enfoque humanista y de derechos. La disputa de fondo es si el Estado logra consolidar esta tendencia en los bastiones de violencia extrema y romper los pactos con el crimen que definieron al viejo régimen, o si los poderes de siempre consiguen reciclarse y frenar la profundidad del cambio.
