Sheinbaum ‘amaga’ a gasolineros con revisiones del SAT si no respetan precio ‘tope’ del diésel
La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que el SAT puede intervenir contra las gasolineras que no respeten el precio tope del diésel, fijado en 28.30 pesos por litro. La advertencia llega tras una revisión de Profeco que detectó que cerca de 45 por ciento de las estaciones vende arriba de ese nivel.
Sheinbaum sostuvo que no existe justificación para esos precios, sobre todo porque el Gobierno está absorbiendo parte del IEPS para contener la inflación y amortiguar el impacto en el transporte de carga y los alimentos.
El acuerdo en disputa
La semana pasada, el Gobierno federal y el sector gasolinero renovaron un pacto para mantener la gasolina Magna por debajo de 24 pesos y el diésel en un máximo de 28.30 pesos por litro.
Según la revisión citada por Profeco, la presión del mercado no se ha traducido de forma homogénea en precios más bajos, y por eso la Presidencia anunció una nueva reunión con gasolineros para el martes 21 de abril.
Subsidio y costo fiscal
El apoyo fiscal al diésel forma parte de la estrategia oficial para desacelerar la inflación, pero también implica una menor recaudación para el erario. En el texto consultado se indica que el estímulo al diésel bajó de 80.35 a 43.17 por ciento, equivalente a que el Gobierno cubra 3.17 pesos del IEPS por litro.
El costo de estos apoyos no es menor: BBVA estima que la factura fiscal por subsidios a combustibles podría llegar a 38 mil millones de pesos.
Contexto energético
El diésel es especialmente sensible a las variaciones internacionales del petróleo, y el propio reporte recuerda que el WTI subió 5.08 por ciento a 88.11 dólares y el Brent 4.89 por ciento a 94.80.
Ese entorno externo refuerza la presión sobre el mercado interno, pero también deja claro que los subsidios son un instrumento de contención temporal, no una solución estructural.
Análisis 4T
La postura de Sheinbaum marca una línea correcta: si el Estado está destinando recursos públicos para proteger al consumidor, el beneficio debe llegar al bolsillo de la gente y no quedarse en márgenes privados. En ese sentido, la supervisión del SAT y la Profeco responde a una lógica de defensa del interés público frente a prácticas abusivas.
El caso también exhibe un dilema de fondo: sostener precios razonables sin convertir el subsidio en una carga permanente para las finanzas públicas. Desde la óptica de la 4T, la prioridad debe ser clara: usar al Estado para ordenar el mercado, frenar abusos y proteger a quienes mueven la economía real, no para tolerar que algunos actores capturen apoyos diseñados para el bienestar social.
