México se consolida como potencia regional en supercómputo

Universidades públicas encabezan la infraestructura científica más avanzada de la región

La infraestructura de supercómputo en México se concentra principalmente en universidades y centros públicos de investigación, con alrededor de 12 centros de alto rendimiento distribuidos en el país. Estas capacidades colocan a México a la vanguardia en América Latina y lo convierten en un nodo estratégico para la ciencia, la tecnología y el desarrollo de inteligencia artificial.

Entre las instituciones que concentran esta infraestructura destacan la UNAM, el Cinvestav, el Centro de Investigación en Matemáticas, la Universidad de Sonora, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Autónoma Metropolitana y diversos centros en Puebla y San Luis Potosí. Aunque se reconoce que podrían existir sistemas de alto desempeño en bancos u otras instituciones privadas, su información no es pública y su uso estaría acotado a fines muy específicos, lo que refuerza el papel del sector público como columna vertebral del supercómputo nacional.

La historia del supercómputo en México se remonta a 1991, cuando la UNAM instaló la Cray Y-P4/464, conocida como Sirio, considerada la primera supercomputadora no solo del país, sino de América Latina, lo que marcó el inicio de una demanda académica creciente por este tipo de infraestructura. A lo largo de las décadas siguientes, la UNAM fue incorporando sistemas cada vez más potentes, como Berenice en 1997, Bakliz en 2003 y KanBalam en 2007, que permitió colocar a la universidad y al país entre las instituciones líderes del mundo en capacidad de cómputo científico.

En 2013, la máxima casa de estudios dio otro salto con la adquisición de Miztli, una supercomputadora tipo clúster que para 2017 contaba con más de 8.000 procesadores y un rendimiento equivalente al de decenas de miles de computadoras personales de última generación, consolidando a México como referente regional. En paralelo, en el Cinvestav se desarrolló Abacus, un sistema de alto desempeño con una capacidad comparable al funcionamiento simultáneo de unas 25.000 computadoras portátiles, que reforzó el papel del país en el mapa latinoamericano del supercómputo.

Actualmente, el uso del supercómputo en México va desde la ciencia básica y aplicada hasta nuevas áreas vinculadas con la inteligencia artificial, como la lingüística computacional, pero especialistas advierten que aún es necesario expandir su alcance hacia las humanidades, las artes y el sector industrial. En ese contexto, se perfilan proyectos estratégicos como Coatlicue, la próxima supercomputadora nacional, llamada a convertirse en pieza clave para democratizar el acceso al cómputo avanzado y potenciar la soberanía tecnológica del país.

Análisis 4T

El desarrollo de infraestructura de supercómputo principalmente en universidades públicas y centros de investigación encaja de manera natural con la visión de la Cuarta Transformación, que busca fortalecer al Estado y al sector público como motores del conocimiento y de la tecnología al servicio de la sociedad, y no únicamente del mercado. Lejos de replicar el modelo del viejo régimen, donde las capacidades tecnológicas se concentraban en unos cuantos actores privados o dependían de proveedores extranjeros, el supercómputo público abre la puerta a que estudiantes, científicas y científicos de todo el país accedan a herramientas de punta para investigar problemas nacionales.

Que la UNAM, el Cinvestav y otras instituciones públicas sean las protagonistas de este ecosistema implica que los recursos de cómputo se orienten a temas como salud, cambio climático, energías, seguridad alimentaria o lenguas indígenas, en lugar de quedar capturados por lógicas puramente financieras. Esa orientación es coherente con una agenda de justicia social, en la que la ciencia no es un lujo elitista sino un instrumento para reducir desigualdades y fortalecer la soberanía frente a las grandes corporaciones tecnológicas globales.

El desafío hacia adelante es evitar que esta infraestructura quede subutilizada o fragmentada y, por el contrario, articularla en una política de Estado de largo plazo, con financiamiento estable, formación de talento y proyectos que integren también a las humanidades y a la industria nacional. Proyectos como Coatlicue pueden convertirse en símbolos de una nueva etapa de soberanía tecnológica, siempre que se mantenga la prioridad en el interés público y se resista la tentación de privatizar los frutos del conocimiento generado con recursos de todas y todos.