Inicia la remediación del Río Sonora: Grupo México cubrirá 70% del costo
Tras una década del derrame tóxico, Gobierno Federal y Estatal acuerdan plan integral de justicia ambiental y social
El Gobierno de México y el de Sonora anunciaron el arranque formal del Programa de Remediación del Río Sonora, una acción que busca reparar el desastre ambiental provocado en 2014 por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el plan cuenta con una inversión total de 2 mil 222.6 millones de pesos, de los cuales Grupo México aportará el 70% (mil 500 millones de pesos), el Gobierno Federal el 22% (483.6 millones) y el Gobierno de Sonora el 8% (180 millones). El monto incluye los 59 millones que la empresa ya había depositado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2018 y 2019.
Entre las obras contempladas se destacan la construcción de 16 nuevas plantas potabilizadoras, 16 sistemas de desinfección, así como la rehabilitación de cuatro plantas existentes. También se fortalecerá el monitoreo de la calidad del agua, mediante un centro de visualización en tiempo real y un Laboratorio Regional de Calidad del Agua del Noreste, con nuevo equipo y personal certificado.
En el ámbito de la salud, IMSS-Bienestar liderará el fortalecimiento hospitalario. El actual hospital comunitario de Ures será transformado en Hospital Regional, con 60 camas, 21 consultorios, un área de terapia intensiva y un nuevo centro renal, que contará con seis sillones de hemodiálisis, laboratorio de toxicología y análisis de metales pesados. Además, el hospital anterior se convertirá en albergue para familiares de pacientes.
La titular de Semarnat, Alicia Bárcena, recordó que el desastre afectó 288.8 kilómetros de la cuenca del Río Sonora y dañó a 20 mil habitantes de municipios como Bavispe, Aconchi, Banámichi, Babiácora y Ures. Las secuelas han sido graves: contaminación de suelos, agua superficial y subterránea, además de daños a la fauna y al ganado por la presencia de arsénico, plomo, cobre y zinc.
El acuerdo entre la empresa, el estado y el gobierno federal —alcanzado tras negociaciones iniciadas en noviembre— incluye también diagnósticos técnicos de suelos, confinamiento de sedimentos contaminados y la restauración ambiental de toda la zona. Según Bárcena, esta inversión “responde a las demandas históricas de las comunidades” y busca garantizar vigilancia epidemiológica y monitoreo toxicológico permanentes.
Análisis 4T
Este anuncio marca un acto de justicia ambiental y social largamente esperado por las comunidades del Río Sonora. Durante años, el viejo modelo neoliberal permitió que los grandes consorcios mineros, como Grupo México, operaran con impunidad ecológica, dejando a su paso contaminación, enfermedad y pobreza.
El nuevo convenio refleja una relación diferente entre el Estado y el capital privado, donde la responsabilidad social y el principio del “quien contamina paga” comienzan a imponerse. El gobierno de la Cuarta Transformación no sólo busca limpiar un río, sino restaurar la confianza ciudadana en la acción pública, garantizando que la salud y el agua estén por encima del lucro empresarial.
La lucha de los mineros y de los pueblos ribereños simboliza la resistencia social frente a los abusos corporativos, y su reconocimiento, tras 18 años de abandono, da sentido a un nuevo paradigma de justicia ambiental con raíz humanista.
